Violencia Sexual Y Protesta: Primer Informe Regional Expone un Patrón Preocupante en la Región
READ THE PRESS RELEASE IN ENGLISH LEA EL INFORME
Desnudez forzada, violación, requisas invasivas, acoso sexual, tocamientos inapropiados, violaciones anales y vaginales con objetos, insultos sexistas y homofóbicos: estos no son hechos aislados, sino parte de un patrón creciente y alarmante en América Latina. Se trata del uso de la violencia sexual y basada en género (VSBG) por parte de actores estatales para reprimir la protesta pacífica.
Un nuevo informe titulado “Violencia Sexual y de Género en el Marco de la Protesta Social en América Latina”, publicado por REDRESS, la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law (AUWCL), y la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Violencia de Género (ReLeG), muestra cómo la VSBG ha sido utilizada como un método de represión política y social en manifestaciones recientes en Argentina, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.
Este es el primer informe de este tipo que se enfoca específicamente en la VSBG como herramienta de represión en el contexto de protestas en toda la región. El informe concluye que esta violencia a menudo coincide con esfuerzos más amplios en los últimos años para reducir el espacio cívico mediante la criminalización de manifestantes, detenciones masivas y leyes que protegen a las fuerzas de seguridad de rendir cuentas por abusos.
El informe revela que la violencia en las manifestaciones no es neutral en cuanto al género. La VSBG se utiliza particularmente como arma contra mujeres, personas LGBTIQ+ y otros grupos marginados. Las personas sobrevivientes a menudo guardan silencio debido a la vergüenza, al temor a represalias, al estigma social o a la falta de confianza en el sistema de justicia. La impunidad generalizada profundiza ese silencio y perpetúa el ciclo de violencia. El informe también destaca el fracaso sistémico de los Estados al no incorporar una perspectiva de género en las políticas y prácticas de seguridad, en claro desprecio por las normas de derechos humanos internacionales y regionales.
La larga historia de racismo, clasismo, colonialismo y represión política bajo dictaduras cívico-militares en América Latina ha creado un escenario donde la impunidad prospera y la protesta pacífica es frecuentemente vista como una amenaza, en lugar de un derecho democrático. A pesar de la creciente atención de organismos regionales e internacionales de derechos humanos, así como de los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y litigios colectivos para visibilizar el problema, la mayoría de los casos siguen sin denunciarse y permanecen impunes, lo que genera un efecto disuasorio sobre el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Basado en una extensa documentación de organizaciones internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y testimonios directos y estudios de caso recolectados por la red de ReLeG, el informe demuestra que estos actos no son incidentales, sino una práctica sistemática utilizada para castigar y disuadir la participación política de mujeres y grupos históricamente marginados. En muchos casos, los incidentes alcanzan el umbral de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme al derecho internacional.
Algunos ejemplos destacados en el informe incluyen:
- Colombia: Durante el Paro Nacional de 2021, organizaciones de la sociedad civil documentaron numerosos casos de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad. Un caso involucró a tres manifestantes y una periodista que fueron agredidos sexualmente durante requisas policiales. En otro, tres jóvenes fueron encerrados en una celda con otros reclusos mientras la policía animaba a los presos a violarlos; uno fue obligado a practicar sexo oral. En otros incidentes, personas trans detenidas fueron forzadas a realizar actos degradantes como sentadillas y saltos, muchas veces desnudas.
- México: Durante las protestas estudiantiles de 2021, decenas de docentes fueron detenidos y sometidos a abusos físicos y psicológicos que constituyen tortura sexual.
- Venezuela: Durante las protestas postelectorales de 2024, se reportaron amenazas de violación por parte de agentes estatales, tocamientos en senos, glúteos y genitales de personas detenidas, así como desnudez forzada y requisas invasivas. A un hombre se le aplicaron descargas eléctricas en los genitales por ser percibido como opositor político. Las autoridades también negaron a las mujeres detenidas el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos al impedirles amamantar.
- Nicaragua: Durante las protestas masivas de 2018 contra la reforma del sistema de seguridad social, tres estudiantes universitarias fueron secuestradas, torturadas y violadas por grupos paramilitares. También se reportaron casos generalizados de violaciones utilizadas en centros de detención para extraer confesiones o intimidar a los detenidos.
- Chile: Durante las protestas de 2019, varias ONG locales reportaron que efectivos militares involucrados en el control del orden público cometieron numerosos actos de violencia sexual, incluyendo amenazas de violación y tocamientos indebidos en zonas íntimas.
- Perú: Durante la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió múltiples informes sobre requisas íntimas y tocamientos inapropiados a manifestantes y estudiantes mujeres con el propósito de humillarlas. Agentes obligaron a las estudiantes a desnudarse, les tocaron los genitales, introdujeron dedos en sus vaginas y las hicieron caminar desnudas frente a personas del sexo opuesto.
“El silencio en torno a la violencia sexual y basada en género en las protestas ha normalizado estas prácticas como una parte inevitable de los conflictos sociales en América Latina. En última instancia, abordar este problema es esencial para proteger la participación democrática. Las personas en América Latina —como en el resto del mundo— deben poder manifestarse pacíficamente sin temor a represalias violentas, y con garantías frente a la violencia discriminatoria y la tortura sexual.”
— Profesora Claudia Martin, AUWCL
“La violencia sexual y de género en las protestas es una herramienta deliberada de represión política y social. Refleja una discriminación estructural profundamente arraigada, destinada a deshumanizar, silenciar y desalentar la participación de mujeres y personas de diversas orientaciones sexuales o identidades de género en la vida pública y política.”
— Alejandra Vicente, Directora Jurídica de REDRESS
“Al no investigar ni enjuiciar estos crímenes graves, las autoridades estatales trivializan la violencia y no logran romper el patrón. La impunidad no solo incrementa el sufrimiento de las víctimas, sino que permite la continuidad del uso de estas violaciones como herramienta de control.”
— Teresa Fernández Paredes, Consultora de AUWCL, REDRESS y ReLEG
El informe hace un llamado urgente a documentar estas violaciones, procesar a los responsables y prevenir su repetición, para que la VSBG nunca más sea utilizada como un arma política para infundir miedo, silenciar la disidencia y mantener un sistema de impunidad. Como un informe de mapeo regional, sienta las bases para abordar un problema en gran parte ignorado y que requiere mayor discusión. Dada la gravedad de la situación, el informe insta a los Estados latinoamericanos a considerar pasos sustantivos para revertirla.
Para más información, por favor contactar a: Eva Sanchis, Directora de Comunicaciones de REDRESS
en [email protected]; +44 (0)20 7793 1777 o +44 (0)7857 110076 (inglés/español).
Foto de: Montse Posada/ Pexels. Protesta por los derechos de las mujeres en México.