Mujeres de Atenco: la exigencia vs la tortura sexual en México sigue, tras dos décadas de impunidad
Por el Centro de Derechos Humanos Por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh)
Este es el segundo blog de una serie escrita por representantes legales y expertos en litigio estratégico contra la tortura reflexionando sobre el impacto de los casos incluidos en el “Casebook 2” de REDRESS.
En este blog, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), una organización mexicana que aboga por comunidades marginadas y la reforma estructural del sistema de justicia, examina la relevancia estratégica del caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México.
Tras haberles sido negada la justicia en su país , las mujeres sobrevivientes llevaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos , que falló a su favor en 2018. El caso Atenco evidenció el uso de la tortura sexual por parte de fuerzas de seguridad como parte de un patrón más amplio de violencia basada en género en México.
“Hemos insistido en innumerables ocasiones en que uno de los objetivos que nos impulsa, y que no ha permitido que el desgaste del tiempo y la impunidad nos rebase, es la idea de que denunciar podría detener la práctica de tortura sexual y que, de alguna forma, nuestra denuncia podría traducirse en la garantía de que ninguna mujer viviera lo que vivimos”.
Esas son palabras de Norma Jiménez, una de las sobrevivientes de los hechos de represión ocurridos el 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, México, que derivaron en detenciones arbitrarias, tortura y tortura sexual.
Las expresó durante la última audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La sentencia emitida en noviembre de 2018, después de que 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual al no encontrar justicia en México acudieran al Sistema Interamericano, acompañadas por el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Incumplimiento de las medidas de reparación
Desafortunadamente, a 20 años de acontecimientos y tras casi ocho años del fallo de la Corte IDH, prevalece la falta de cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en materia de salud, educación, medidas estructurales como el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual y un Observatorio independiente del uso de la fuerza, así como de investigación de los hechos.
Esto se debe a la falta de un liderazgo de la Secretaría de Gobernación para la coordinación de las autoridades en la implementación de las medidas, a la excesiva burocratización de la atención a víctimas a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); así como a los pactos de impunidad que han impedido llevar a cabo una investigación integral del operativo, que incluya la cadena de mando, como ordenó la Corte IDH.
Respecto de la investigación, actualmente no hay avances en la indagatoria a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). No existe una sola sentencia contra los perpetradores; continúa sin investigarse la cadena de mando de los operativos, en los que participaron más de dos mil elementos –municipales, estatales y federales–, persiste la falta de atención médica y psicológica, así como la ausencia de acompañamiento institucional para la restitución de sus proyectos de vida y no se han implementado las medidas de no repetición.
Un referente de determinación y valentía
Las mismas sobrevivientes han interpuesto acciones legales frente a la fragmentación de las investigaciones en el fuero local y federal. Además, no se ha garantizado su derecho a participar y a ser informadas sobre las indagatorias. A ello se suma su actuación deficiente al presentar en reiteradas ocasiones solicitudes de órdenes de aprehensión con múltiples falencias y sin atender el marco fáctico constatado por la Corte IDH, omitiendo la responsabilidad de mandos superiores.
Por ello, recientemente, destacadas abogadas internacionales se sumaron a la exigencia de las mujeres, presentando un amicus curiae ante la Corte IDH para denunciar las omisiones en la investigación y la necesidad de que ésta incluya los estándares internacionales que derivan de una sentencia tan relevante como la del caso Atenco.
A 20 años de Atenco la impunidad permite que la tortura sexual continúe siendo una práctica utilizada en las detenciones de las mujeres, como establece el Diagnóstico Nacional de Tortura Sexual: cerca de 8 de cada 10 mujeres detenidas fueron sometidas a algún tipo de tortura física durante la detención y 44% de ellas sufrieron algún tipo de violencia sexual.
Pese al panorama desolador de 20 años de impunidad, la voz de las mujeres es un referente de determinación y valentía al denunciando que la tortura sexual es una práctica con impactos diferenciados en las mujeres, acompañada de estereotipos y replica la violencia y discriminación contra ellas.
Ese es el legado de Paty Romero, Paty Torres, Suhelen, Italia, Norma, Edith, Mariana, Claudia, Yolanda, Ana María y Cristina, once mujeres que rompieron el silencio contra la tortura sexual y que han denunciado que estos hechos suceden y no pueden repetirse.
Hoy, que en México desde la presidencia se declara que “es tiempo de mujeres”, debemos reconocer la valentía de las sobrevivientes que han alzado la voz frente a la tortura sexual para que nadie más la vuelva a sufrir; y el Estado, más que frases, les debe verdad, justicia y reparación.
La serie de “Casebooks” de REDRESS fue elaborada con asistencia financiera de la Unión Europea en el marco de la iniciativa Unidos Contra la Tortura. Su contenido es responsabilidad exclusiva de REDRESS y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea.
