REDRESS Celebra la Decisión del Tribunal Peruano que Condena a los Responsables de Tortura y Violencia Sexual Contra Azul Rojas Marín
REDRESS celebra la sentencia emitida el 15 de diciembre de 2025 por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del Perú, que halló culpables a tres agentes de la Policía por los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada contra Azul Rojas Marín, una mujer trans peruana que, cuando aún vivía como hombre gay, fue detenida arbitrariamente en 2008 y posteriormente violada con una vara policial, golpeada y sometida a abusos verbales debido a su orientación sexual.
Esta sentencia se produce después de que Azul lograra un fallo histórico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el más alto tribunal en la materia en las Américas, en marzo de 2020, que declaró al Perú responsable de la tortura y la violencia sexual contra Azul por parte de agentes policiales, y ordenó al Estado realizar una investigación efectiva para identificar, juzgar y sancionar a los responsables. Su caso fue el primero en la historia de la Corte Interamericana en considerar un caso de tortura motivada por discriminación en las Américas.
Hoy, más de cinco años después de esa sentencia, la justicia finalmente se ha hecho realidad. Los agentes Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero fueron condenados cada uno a 17 años de prisión por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del Peru. La Corte ordenó además su inhabilitación permanente como miembros de la Policía del Perú y el pago de una reparación civil a favor de Azul, consistente en una compensación económica destinada a resarcir tanto el daño material como el daño a su proyecto de vida.
La sentencia considera probado que Azul “fue intervenida policialmente y conducida a la comisaria de Casa Grande, donde sufrió insultos y agresiones verbales de carácter discriminatorio, así como agresiones físicas con golpes y uso de la fuerza para someterla y el uso de una vara policial para producirle hincones, hasta llegar a las agresiones sexuales como haber sido desnudada y haberla introducido en dos oportunidades la vara policial. El mantenimiento de la privación de la libertad a pesar de su estado producto de las agresiones (dolores intensos) sin que se le proporcione auxilio”. El Tribunal concluyó que estos hechos son atribuibles a los tres acusados, a quienes declaró coautores de los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada.
La Corte también ordenó que Azul tenga acceso a atención psicológica, dada la gravedad de los delitos. Asimismo, dispuso que los condenados reciban tratamiento psicológico terapéutico para abordar la comisión de violencia sexual.
Esta sentencia constituye un hito en la búsqueda de justicia y reparación para Azul por los abusos cometidos por la policía peruana en 2008, motivados por su orientación sexual e identidad de género. Aunque tras ser liberada, y con el apoyo de su madre —ya fallecida— Juana Rosa Tanta Marín, Azul presentó una denuncia penal por violación, abuso de autoridad y tortura contra los responsables, se enfrentó a discriminación y obstáculos en cada etapa del proceso.
Si bien inicialmente las autoridades de la Fiscalía reconocieron que existían pruebas suficientes para abrir una investigación por violación y abuso de autoridad, decidieron no investigar el delito de tortura. La Fiscalía argumentó que no había indicios de violación y que, al no existir la intención de obtener información, una confesión o castigarla por su orientación sexual, el caso no reunía los elementos exigidos por la legislación peruana para constituir tortura. Posteriormente, la Fiscalía decidió archivar la investigación por violación y abuso de autoridad, lo que llevó al tribunal competente a cerrar el caso.
En un testimonio en video presentado ante la Corte Interamericana, Azul dijo que inicialmente un fiscal le señaló que su caso sería archivado porque: “no te van a hacer caso por ser homosexual; porque si fueras una persona normal, te harían caso, pero como tienes relaciones con hombres, no te van a hacer caso”.
Ante la falta de justicia en el Perú, y con el apoyo de REDRESS, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y PROMSEX, Azul llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tras el fallo de la Corte Interamericana, el Estado peruano publicó la sentencia y ofreció una disculpa pública a Azul en una ceremonia de alto nivel en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el 2022, que contó con las intervenciones del ministro de Justicia, así como de altos funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, de otras instituciones del Estado, y de la propia Azul. Azul recibió una reparación parcial y ha podido acceder a atención médica y psicológica (aunque con numerosas dificultades). Otras medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana siguen pendientes de implementación, como la adopción de un protocolo para la investigación efectiva de casos de violencia contra personas LGBTIQ+.
Chris Esdaile, asesor jurídico senior de REDRESS, señaló:
“La decisión de hoy es un paso muy importante para la recuperación de Azul y para hacer efectivo su derecho a la justicia por lo ocurrido. También es una señal positiva de que el Perú está avanzando al garantizar que casos como el de Azul no queden impunes y que la tortura y otras formas de violencia contra personas LGBTIQ+ no sean toleradas en la sociedad peruana”.
Para más información sobre el caso, consulte aquí.
Para más información (en inglés o en español), por favor contacte con Eva Sanchis, jefa de Comunicaciones de REDRESS, en [email protected] o en el +44 (0)7857 110076.
Photo de Promsex: Azul Rojas Marín (izquierda) en la ceremonia de disculpa del Estado Peruano que se llevó a cabo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2022.