Rendición de cuentas, derechos de las víctimas y reparación en Sudán: Un país en crisis

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por Moneim Adam, Sudan Human Rights Hub (SHRH)

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Este artículo forma parte de la edición especial sobre Sudán de nuestro boletín Just Reparation, que reúne las perspectivas de profesionales, defensores de derechos humanos y organizaciones que trabajan junto a sobrevivientes de tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos en Sudán. Esta edición especial explora los debates, las iniciativas y las vías que se están desarrollando para garantizar la reparación a las víctimas del conflicto en Sudán.

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La condena de Ali Kushayb por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) marca un hito histórico para las víctimas de atrocidades cometidas en Darfur. Sin embargo, como argumenta Moneim Adam, la sentencia también resalta los enormes desafíos de brindar una reparación significativa a comunidades que aún se enfrentan a la violencia, el desplazamiento y la inseguridad.

La CPI emitió recientemente su primer veredicto de culpabilidad sobre los horrendos crímenes cometidos en Darfur hace casi dos décadas, poniendo fin a la impunidad absoluta. El caso deriva de la primera acusación directamente relacionada con los crímenes de la milicia Janjaweed y es el único veredicto emitido por crímenes internacionales cometidos en el pasado en Sudán. El veredicto es especialmente importante porque el conflicto renovado entre las SAF y las RSF, una rama de los Janjaweed, que ha estado en Sudán por más de tres años y ha llevado al país a convertirse en la mayor crisis humanitaria del mundo.

Ali Kushayb fue sentenciado a 20 años de prisión. Esto es menos que la pena máxima de 30 años que establece el Estatuto de Roma, o cadena perpetua, que es aplicable en algunos casos. Los cargos responden a crímenes cometidos entre agosto de 2003 y abril de 2004 e incluyen 27 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur. La corte determinó que los atroces actos de Kushayb habían devastado ciudades en Darfur Occidental y se habían dirigido a civiles no árabes. El veredicto estableció su estrecha colaboración con las autoridades sudanesas, demostrando cómo las milicias locales se convirtieron en instrumentos de represión estatal.

El veredicto ha demostrado que hay esperanza y que la impunidad en Sudán no será la opción eterna.

Las atrocidades masivas y el Largo Camino hacia las Reparaciones

Durante los procedimientos de la CPI, estábamos apoyando a las personas sobrevivientes, a sus familiares y a los líderes comunitarios para que pudieran visitar y presenciar el juicio en La Haya . Cuando la sesión del tribunal estaba a punto de comenzar, se abrieron las cortinas para abrir la vista de la sala al público. Un líder de la tribu Fur se desmayó inmediatamente al ver a Kushayb en la sala y fue enviado al hospital; cuando se recuperó, dijo que no podía soportar mirar a Kushayb porque le recordaba tiempos terribles. La última vez que lo vio fue cuando Kushayb llegó a donde estaba su familia cerca de Mukgar y secuestró a su hermano en 2004. Hasta la fecha, ellos siguen sin saber su destino.

En Darfur, donde la gente ha crecido escuchando promesas de rendición de cuentas, han acogido con alivio esta condena. La decisión es un mensaje de que la justicia es alcanzable, aunque sea tardía o parcial. Ya sea en persona o por internet satelital, personas de campos de refugiados o desplazados internos en Darfur, las personas sobrevivientes siguieron los procedimientos judiciales. Además, abogan por la condena de los fugitivos restantes, incluido Omar al-Bashir2. A pesar de la enorme importancia de este fallo, esta decisión pone de manifiesto la dificultad de conseguir la justicia y la reparación de este orden de magnitud.

Reparaciones Más Allá de la Sala de Audiencias

Tras la condena, la CPI enfrenta un gran desafío: la adopción de una orden de reparación para proporcionar reparación a alrededor  de 140,000 individuos en un contexto de atrocidades todavía en curso. Después de escuchar propuestas de las partes en el caso y de terceros intervinientes, la Corte decidirá sobre el alcance y ámbito de las reparaciones, y el Fondo Fiduciario para Víctimas (TFV) de la Corte implementará la orden.

Persisten obstáculos significativos respecto a la implementación de la esperada orden de reparación de la CPI debido a complejos desafíos estructurales. Aquí se destacan algunos puntos impulsados por los llamados a la justicia de la comunidad. La implementación de las reparaciones enfrentará enormes desafíos, incluyendo:

  • Sudán no es un Estado Parte del Estatuto de Roma y carece de la voluntad de cooperar con la CPI.
  • El conflicto en curso fomenta un ambiente hostil que dificulta gravemente la colaboración en la ejecución de las decisiones de la corte.

Para ser verdaderamente significativa, la reparación debe abordar varios componentes críticos y complejos:

  • Un reconocimiento formal y una disculpa pública por la gravedad de los crímenes cometidos contra estas comunidades y la garantía de que las personas sobrevivientes y familiares tienen derecho a conmemorar a sus seres queridos sin barreras ni represalias adicionales.
  • La ayuda psicológica y social necesaria para reconstruir la vida de los personas sobrevivientes, es un requisito legal, no un acto de beneficencia, incluyendo instalaciones educativas, apoyo psicosocial y servicios de salud para las poblaciones.
  • La prohibición de la discriminación institucional, la aplicación de leyes protectoras para las comunidades y el reconocimiento de ellas como un grupo protegido que merece programas de equidad dirigidos.
  • Indemnización monetaria
  • Las reparaciones deben incluir un camino claro para que las comunidades algún día recuperen sus tierras ancestrales, tal como una declaración simbólica de la Corte. La expresión más clara de restitutio in integrum es la recuperación de la tierra y el territorio, ya que busca restaurar a las víctimas a la situación que existía antes de la violación.
  • Dada la inseguridad persistente en Darfur, cualquier consideración o conversación sobre reparaciones debe ir acompañada de garantías creíbles y exigibles de seguridad. Sin protección contra nuevos ataques de fuerzas militares o milicias afiliadas, la indemnización financiera corre el riesgo de volverse meramente simbólica. La indemnización sin protección no es una reparación valiosa.

Los componentes mencionados anteriormente son tanto urgentes como esenciales. Sin embargo, dado el alcance limitado de la orden de reparación que se espera que la CPI emite contra Kushayb, algunas de estas necesidades no pueden ser atendidas adecuadamente sólo mediante una decisión judicial. Por lo tanto, también se requiere un programa integral de reparaciones, con mecanismos claros de implementación y vías para su entrega. Esto debe incluir el reconocimiento de responsabilidad por parte del Gobierno de Sudán, cooperación internacional sostenida y la adopción de medidas efectivas para proporcionar reparación a las víctimas y comunidades afectadas.

Este veredicto se considera un gran logro, pero se enfrentará a serios desafíos para implementar cualquier reparación debido a problemas de seguridad y al desplazamiento masivo de comunidades dentro del país y más allá de sus fronteras. La comunidad internacional debe apoyar a la CPI y también crear un tribunal especial para ayudar a poner fin a la impunidad, especialmente en relación con el conflicto actual.

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